FORO DE SEGURIDAD PRIVADA
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jmvicus
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prensa nueva Las calles sólo pueden grabarse con permiso y bajo control de la Policía

el Vie Abr 15, 2011 5:52 pm
Una comisión especial del TSJA debe autorizar la instalación de los equipos.

La instalación de cámaras de videovigilancia en el Metropol Parasol
reabre un debate histórico sobre la legalidad de grabar las calles con
este tipo de aparatos. Las leyes españolas sobre esta materia son
bastante claras y no permiten a ninguna empresa privada, comunidad o
asociación de vecinos o cualquier otro colectivo instalar cámaras de
vigilancia orientadas hacia la calle. Sí pueden colocarse en la vía
pública pero enfocando la puerta de un negocio o el interior del mismo.

En
el caso del Parasol, hay al menos cuatro de las 12 cámaras de seguridad
que enfocan a la calle, concretamente al espacio público que queda
libre entre la seta que cruza la plaza y la zona del mercado.
Para que una cámara de videovigilancia de una entidad privada -en este
caso la empresa constructora del Parasol- pueda tomar imágenes de la vía
pública deben cumplirse varios requisitos, recogidos todos ellos en la
ley 4/1997 y en la instrucción 1/2006.

El primero de ellos es la
obtención de un permiso especial que otorga la comisión de
videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Para ello hay que cumplimentar una serie de trámites, de los que se
encarga la Subdelegación del Gobierno. En esta solicitud es necesario
explicar detalladamente qué calles serán grabadas y con qué objeto,
puesto que la ley sólo permite el recurso a la videovigilancia en los
lugares públicos cuando no se puede poner en marcha ninguna otra medida
de seguridad. Una vez presentada la petición, la comisión debe deliberar
si el proyecto cumple con la legislación vigente o no. Generalmente se
tarda una media de dos años para obtener esta autorización.

La
segunda condición es que las imágenes estén controladas por las Fuerzas
de Seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional. La grabación
no podría estar controlada por una empresa de seguridad privada y ni
siquiera por la Policía Local. Fuentes de Sacyr explicaron ayer a este
periódico que las cámaras ya están en funcionamiento y están controladas
por el jefe de mantenimiento del Parasol y por una empresa de seguridad
privada.

El tercer requisito es que la grabación se destruya en
un plazo máximo de un mes, salvo que hayan servido como prueba de algún
delito y sea aportada al juzgado correspondiente. La cuarta obligación
de quienes instalan las cámaras es que el público sea informado "de
manera clara y permanente" de la existencia de estos aparatos de
filmación, sin la necesidad de especificar su emplazamiento. En el caso
de las setas, tampoco se ha instalado todavía ningún cartel que indique al ciudadano que está entrando en una zona videovigilada.

Por
último, es necesario también cumplir con un requisito de carácter
técnico, que obliga a que las cámaras que filman la calle estén
conectadas mediante cableado y no por ondas, con la finalidad de que no
pueda haber interferencias promovidas por algún intruso. Las cámaras que
graban espacios privados no están sometidas a estas condiciones
legales.

http://www.diariodesevilla.es


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