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prensa nueva La Guardia Civil pide investigar si ETA tiene dinero en paraísos fiscales

el Vie Feb 18, 2011 6:05 pm
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -


La Unión de Oficiales
de la Guardia Civil (UO) ha asegurado que se personará como acusación
popular en el sumario general que investiga la red de extorsión de ETA
en el que, según dicen, hay una pieza separada secreta en la que se
arrojan datos que apuntan a que la banda terrorista podría contar con
cuentas bancarias en paraísos fiscales procedentes de los fondos
reservados.
"La causa general (que investiga a la red de extorsión de ETA)
también lleva mucho tiempo, un montón de años durmiendo el sueño de los
justos y en esa causa existe un pieza secreta también desde hace un
montón de tiempo que creemos puede estar relacionado con las cuentas y
con el dinero depositado en paraísos fiscales. Es el momento de
personarnos para impulsar esa investigación", ha dicho el presidente de
la Unión de Oficiales, Francisco García, en una rueda de prensa
celebrada en Madrid.
En concreto, García se ha referido a la posibilidad que el origen
de algunas de esas cuentas de la banda esté en el dinero procedente de
los fondos reservados. "Se trata del entramado de financiación de la
banda", ha recordado García quien ha considerado una obligación
determinar "si ETA tenía dinero en paraísos fiscales y si ese dinero
procedía de los fondos reservados". También "si hay cuentas, si no hay
cuentas, de dónde procede ese dinero... eso es lo que hay que aclarar".
La decisión de personarse en esta causa fue aprobada ayer por este
colectivo tras una sesión extraordinaria de su junta y después de las
declaraciones del ex director de la Policía, Juan Cotino, quien acusó al
Gobierno socialista de haber aportado dinero de los fondos reservados
en 2006.

"COTINO ALGO SABE DEL TEMA"
"Existe la obligación de demostrar que eso haya ocurrido", ha
añadido el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, quien
ha asegurado que las declaraciones de Cotino "son cualificadas". "Algo
sabe del tema", ha apostillado durante una rueda de prensa en la que
estuvo acompañado del abogado de la asociación Jesús Martín Vázquez,
quien ha calificado al ex director de la Policía como un "importante
conocedor del entramado de Interior".
Al ser preguntados por los medios de comunicación acerca de si
otorgan crédito a esas acusaciones de Cotino, los propios representantes
de la UO han recordado que ayer el ex responsable policial matizó sus
palabras y afirmó no tener pruebas. No obstante, Martín Vázquez ha
defendido que el mero hecho de que "durante un tiempo mantuviese esas
insinuaciones ya es lo suficientemente importante para personarse".
En cualquier caso, García ha explicado que las declaraciones del
ex director de la Policía tan sólo han sido el "enganche" para que su
colectivo pida la personación en esta causa. "No han sido
condicionantes, ya barajábamos personarnos hace tiempo, lo que ha hecho
Cotino es propiciar el momento", ha dicho García quien también han
considerado relevante los cambios experimentados en el Juzgado de
Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional que investiga estos
hechos y en concreto la salida de su anterior titulat Baltasar Garzón.
Ha recordado que el 'caso chivatazo' --en el que este colectivo ya
está personado junto con el PP-- "se pretendía archivar y en cuanto se
ha hurgado, se ha visto que había y mucho". Al ser preguntado por esta
investigación ha insistido en la tesis de que ningún policía tomaría la
decisión de parar una operación policial si no es con una orden política
previa. Al mismo tiempo ha pedido al Ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, que explique por qué en su día afirmó que los cortes en
las cintas que grababan el bar faisán el día del soplo no eran fruto de
una manipulación.

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Asimismo, en la rueda de prensa de hoy la UO ha anunciado también
la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 3 de
noviembre de 2010 archivó una querella presentada por este colectivo
contra el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de
Seguridad, Antonio Camacho, por presuntos delitos de nombramiento
ilegal, falsedad en documento público y desobediencia.
La querella respondía a una oferta de puestos de trabajo para
inspección de riesgos laborales realizada por la Inspección de Personal y
Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para
miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía. Para
ellos, se indicaba además que se valorarían las titulaciones en
prevención de riesgos laborales.
Pese a todo ello, 4 de los 15 puestos se otorgaron a miembros de
las Fuerzas Armadas, no a miembros de la Guardia Civil ni de la Policía,
y que además no reunían los requisitos de formación solicitados, según
la asociación denunciante.

http://www.europapress.es


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