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jmvicus
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mhy Protesta muda, otra vez

el Miér Oct 06, 2010 11:43 pm
Protesta muda, otra vez
UGT representa a la Unión de Guardias Civiles al no poder hablar los agentes por temor a represalias de sus mandos

Mudos y sin más actitud reivindicativa que su propia presencia. Los representantes de la Unión de Guardias Civiles (UGC) acudieron ayer a la entrada de la Delegación del Gobierno en un acto de protesta en el que recogieron firmas para pedir al ministro del Interior que les aplique las mismas compensaciones laborales que tienen todos los demás funcionarios públicos que trabajan a turnos.
Para explicar sus motivos, y eso fue lo curioso, tuvo que intervenir el secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Domingo, quien justificó su alocución porque «ellos -los agentes- no pueden aparecer porque han recibido amenazas» y por temor a represalias de sus mandos.
Una vez más, dadas las circunstancias, tuvo que ser un líder sindical el que ejerciera de portavoz de la UGC para aclarar la discriminación que sufre el colectivo más hermético de los Cuerpos de Seguridad del Estado al ser el único que carece del derecho a sindicarse más allá de agruparse en asociaciones profesionales que defiendan los intereses de los guardias. Su situación es tal que «ni siquiera les han dado permiso para poner una mesa en la que recoger firmas», lamentaba Domingo mientras sus acompañantes recolectaban rúbricas de apoyo.
Así, de pie y carpeta en mano, los presentes recopilaron 300 firmas que el secretario regional de UGT entregó al mediodía en el registro de la Delegación del Gobierno. «Lo único que pedimos -la campaña es nacional- es la homologación de los guardias civiles con el resto de funcionarios, policías incluidos, que reciben compensaciones -en horas libres- por el trabajo a turnos que realizan los siete días de la semana», resume Antonio Domingo. Esta política laboral, además, «la recomienda la Organización Mundial de la Salud e, incluso, el Gobierno prometió aplicarla hace tiempo».
El líder sindical considera que «aquí hablamos de mejorar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos» e insiste en que los propios agraviados, para colmo, «tienen limitados sus derechos de representación y de poder transmitir sus problemas a los superiores».
El abogado de la UGC, Daniel Muñoz -él sí puede hablar-, recordó que la Unión Europea ya pidió a España que aplicará esta política de compensaciones a sus funcionarios nada en 2003. Las firmas recogidas ayer servirán para pedir que así sea.


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